2017. Es el punto de partida, la fecha que, parece, pasará a los anales de la historia cuando tengamos el desenlace del ya popular Impuesto europeo sobre Determinados Servicios Digitales −o “impuesto digital” o “digital tax”, en su versión abreviada−. 2017. O, para ser más exactos, septiembre de ese año, cuando los ministros de Economía de Francia, Alemania, Italia y España se dirigen a la Comisión Europea solicitando gravar “apropiadamente” las actividades de la economía digital.
La propuesta europea
Por aquel entonces, la OCDE y el G20 ya se enfrentaban en el escenario internacional a una pregunta fundamental: ¿cómo separar las actividades de una economía — la digital — que se caracteriza principalmente por ser transversal a todos los sectores? De ser posible, la respuesta tenía que pasar por alterar (o rediseñar) todos los sistemas conocidos.
Es en ese contexto en el que, el 21 de marzo de 2018, llega la primera propuesta de Directiva de la Comisión Europea para establecer un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Con ella, la Comisión Europea pretendía gravar con un tipo del 3% las actividades de publicidad e intermediación online, así como la transmisión de datos, con un ámbito de aplicación en torno a dos umbrales concurrentes: 750 millones de euros de facturación total y 50 millones de euros de facturación en la UE.
Las primeras voces críticas no se hicieron esperar. Señalaban el giro radical que la propuesta europea suponía para los principios que llevan inspirando el sistema tributario más de cincuenta años al gravar los ingresos frente a los beneficios y considerar a los usuarios de los servicios digitales como un factor que añade valor intangible gravable a la compañía. Todo ello para lograr un rédito tributario más que cuestionable, junto a un coste excesivo de implantación tanto para las administraciones tributarias como para las empresas.
Negociaciones frustradas
Pero la historia de esa propuesta es la historia de una iniciativa frustrada de antemano.
La obligada unanimidad en materia fiscal en la Unión Europea haría que la férrea oposición de un puñado de países (liderados por Irlanda, Suecia y Dinamarca) impidiera cualquier esbozo de acuerdo en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. Esto acabó siendo así pese a los incansables esfuerzos de Francia por sacar adelante la negociación, lo que llevó a la Comisión Europea a tratar de activar la llamada “cláusula pasarela” en el Tratado de la Unión Europea. Dicha cláusula permite realizar cambios en los procedimientos sin modificar los tratados constitutivos. La iniciativa, sin embargo, no tuvo éxito, porque, además, necesita de la unanimidad de los Estados miembros para activarla.
El motivo por el que Alemania dejó de empujar en las negociaciones junto a Francia era por aquel entonces un rumor que el tiempo se ha encargado de confirmar: el temor a represalias por parte de Estados Unidos sobre la exportación de las principales industrias europeas es hoy una realidad que hace temblar a los viticultores franceses (y a los agricultores españoles). Y se trata, sin duda, de un mal que pudo anticipar la industria automovilística alemana. Por otro lado, las voces críticas continuaban alertando de las graves distorsiones que el impuesto generaría para el Mercado Único Digital y la competitividad europea, especialmente en lo relativo a la inversión, el desarrollo y el PIB, así como de la falta de consideración del valor añadido que la digitalización ha supuesto para toda la cadena de valor de la UE.
Francia toma la iniciativa
No obstante, ante el fracaso definitivo de una solución de consenso a nivel europeo, Francia decidió desbloquear la situación unilateralmente este mismo año: el impuesto francés, en línea con la primera propuesta europea de marzo de 2018, fue aprobado este julio tras apenas 4 meses de negociaciones. Poco después, el Gobierno de Estados Unidos declaraba su intención de sondear si el impuesto francés constituía una práctica de comercio desleal bajo el Artículo 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos de 1974, que otorga discreción a la administración para imponer aranceles de represalia en respuesta a las prácticas de comercio exterior que impiden las exportaciones de los Estados Unidos. Así, en Francia temblaron cuando Trump anunció represalias, no sin hacer gala de su inconfundible estilo. El Secretario de Estado de Asuntos Digitales francés, Cédric O, no tardó en responder.
Esas diferencias parecieron salvarse en Biarritz el pasado 26 de agosto, durante la cumbre del G7: Trump y Macron habrían llegado a un acuerdo por el que las empresas estadounidenses pagarían el impuesto siempre y cuando no se adoptase un acuerdo internacional a nivel de la OCDE. Una vez lograda una solución multilateral, el gobierno francés reembolsaría a dichas empresas la diferencia entre su tasa, aplicada retroactivamente desde el 1 de enero de 2019, y lo acordado a nivel internacional. En este punto, las últimas noticias apuntan a un periodo de 90 días en los que Estados Unidos repensará su arancel a las exportaciones francesas, mientras recibe a representantes de las principales empresas tecnológicas.
El impuesto digital, en las distancias cortas
En España, la historia de la propuesta unilateral para establecer un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales no es, por el momento, mucho más exitosa que la europea. Nuestro país presentó en octubre de 2018 una propuesta que decaería en marzo junto a los Presupuestos Generales del Estado — a la par que su homóloga a nivel europeo — . El Gobierno del PSOE esperaba generar con el impuesto una recaudación de 1.200 millones de euros, mientras que PwC alertaba de un efecto negativo del impuesto sobre los consumidores valorado en hasta 665 millones de euros, así como de su efecto a largo plazo sobre la economía y, especialmente, sobre las pymes, por no mencionar los problemas derivados de adoptar una medida de tal envergadura de manera unilateral.
A día de hoy, la Comisión Europea ya ha avisado de que se retomará el proyecto de impuesto digital europeo en caso de que no haya una solución de consenso en el marco de la OCDE para 2020. Por su parte, esta última publicaba, hace solo unos días, una nueva propuesta para avanzar en las negociaciones internacionales. En una economía cada vez más compleja e interconectada solo caben soluciones globales.