El objetivo de la nueva norma es facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular que garantice el uso racional y solidario de los recursos y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Smart Mobility recalca el papel fundamental que jugará la movilidad inteligente y compartida para la consecución de estas metas.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves, 13 de mayo, con la mayoría de los apoyos. Hace justo un año, en mayo de 2020, el Consejo de Ministros remitía a la Cámara Baja el borrador del texto. En este tiempo, el texto ha recibido más de 750 enmiendas (por ejemplo, en lo relativo a los objetivos de reducción de emisiones para 2030), pero el Pleno del Congreso de los Diputados le ha dado, por fin, luz verde.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética será la primera ley nacional para luchar contra el calentamiento global. Está en vigor desde el 22 de mayo de 2021, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con las salvedades contempladas en las disposiciones transitorias y la disposición final decimoquinta.
Con esta Ley, España se alinea con los objetivos que se ha marcado la Unión Europea (UE) en lo referente a la descarbonización del medio ambiente y con los compromisos internacionales, adoptados en 2015 con la firma del Acuerdo de París. El texto fija el año 2050 como límite para alcanzar la neutralidad climática en España y establece una hoja de ruta con pasos intermedios para lograr este propósito. En este sentido, indica que, en menos de diez años (2030), las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en, al menos, un 23% respecto al año 1990. También para ese año se debe lograr que el 74% de la energía generada tenga origen renovable. Unos objetivos que, no obstante, pueden ser revisados al alza por el Consejo de Ministros en un futuro (2023) para adaptarlos a la evolución de los avances tecnológicos y/o cumplir con la normativa de la UE.
Por una movilidad sin emisiones
Para lograr estas metas, la nueva Ley pone el foco, entre otros, en la movilidad y el transporte. Los considera un sector clave para mejorar la calidad del aire (el transporte por carretera supone el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país), pero también fundamental para la creación de ciudades más habitables y saludables, y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI.
En concreto, la ley dedica el Título IV a las cuestiones relativas a la movilidad y el transporte sin emisiones, en un intento de alinearse con la tendencia de cambio en la movilidad que ya se está produciendo en la sociedad. El objetivo es lograr en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones de 0g CO2/km. Para ello, a más tardar en 2040, no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, no destinados a usos comerciales, que emitan CO2.
También fija la obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, de introducir medidas orientadas a la reducción de las emisiones derivadas de la movilidad no más tarde de 2023. En concreto, se insta a estos territorios a implantar zonas de bajas emisiones, a tomar acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo y a mejorar y fomentar del uso de la red de transporte público, incluyendo medidas de integración multimodal. De la misma forma, en su artículo 14.3 f) también insta a adoptar medidas para el impulso de la movilidad eléctrica compartida.
Lo dispuesto en este apartado será aplicable a los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite de los contaminantes.
Movilidad compartida
En relación con ese último punto, desde Smart Mobility, el colectivo de empresas de movilidad inteligente de Adigital, celebramos la inclusión de la movilidad compartida como uno de los instrumentos para avanzar hacia una movilidad más respetuosa con el conjunto de la sociedad y el medio ambiente.
Toda la movilidad compartida y colaborativa es sostenible, aunque no sea necesariamente eléctrica, ya que conlleva un uso más eficiente y racional de los recursos, eliminando la necesidad del ciudadano de comprar un vehículo propio. Además, estas soluciones de movilidad contribuyen a la descarbonización del medio ambiente gracias a la reducción del número de vehículos en circulación y, por consiguiente, del volumen de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Desde el punto de vista del espacio público, el vehículo compartido también contribuye a reducir el número de vehículos privados, tanto en circulación como estacionados. De esta manera, se favorece la descongestión de las ciudades, que puede usarse en favor de la ciudadanía en su conjunto. Estos aspectos cobran aún más importancia en un contexto de emergencia sanitaria como el actual.
Próximos pasos: Ley de Movilidad Sostenible
Para seguir trabajando en estas medidas de promoción de la movilidad sin emisiones, la Ley de Cambio Climático establece, en su disposición final octava, el compromiso de presentar ante las Cortes Generales un proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte.
La norma fue sometida a consulta pública previa a finales del año pasado y se espera que próximamente se produzca la primera lectura ante el Consejo de Ministros. Desde Adigital y Smart Mobility seguiremos muy de cerca los avances en esa normativa y seguiremos trabajando junto a las instituciones públicas para impulsar la movilidad inteligente y compartida y transformar nuestras ciudades en entornos más limpios y sostenibles.