Analizamos la Carta de Derechos Digitales en la que trabaja el Gobierno, y que está en pleno proceso de consulta pública, con uno de los expertos que ha participado directamente en su elaboración, el profesor de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València Ricard Martínez.
Ricard Martínez mira al borrador de la Carta de Derechos Digitales de nuestro país con cierta satisfacción. Para este profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, contribuir a iniciativas de servicio público como esta es casi una obligación —cree que la universidad tiene el deber de devolver a la comunidad—. Por eso, cuando le invitaron a formar parte del grupo de expertos que se encargaría de la elaboración de esta Carta, no dudó en responder de manera afirmativa. De hecho, ya participó en el intento de crear un documento similar por parte del anterior Gobierno. Aquel proyecto no salió adelante, pero sembró una semilla que, a punto de terminar este año tan convulso, ha germinado en la forma de un borrador de 12 páginas abierto a consulta pública hasta el próximo 20 de diciembre.
La que será la primera Carta de Derechos Digitales de España, y casi del mundo, contiene un total de 25 derechos, divididos en cinco grandes categorías: derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de participación y de conformación del espacio público, derechos del entorno laboral y empresarial y derechos digitales en entornos específicos. No parte desde cero, ya que algunos de los derechos y libertades que reconoce ya existen en nuestro ordenamiento (como todo lo que tiene que ver con la protección de datos y la privacidad) o se venían abordando desde diferentes áreas de la administración pública, el sector privado y la sociedad civil, pero aporta un elemento de sistematización que han hecho muy pocos países: “Es un esfuerzo innovador, por varias razones. Para empezar, porque ha habido esfuerzos en Brasil e Italia, y se está pensando en ello en Francia, pero no de manera tan sistemática y ordenada como en España. La enorme virtud que tiene esta iniciativa es haber tenido el liderazgo de proponer que un grupo de expertos avancen muchísimo y rápido para consolidar aquello que en el fondo nos sobrevuela a todos”.
Aunque la Carta no tiene rango de norma —ahí hay que regular las expectativas—, el también director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València insiste en valorar el proyecto en clave positiva: invita a enfocarla no solo como un documento limitativo, sino como una oportunidad: la oportunidad de aprovechamiento de todos los beneficios económicos y sociales que puede traer consigo la transformación digital.
Un liderazgo digital centrado en las personas
“Lo digital es noticia cuando hay problemas: un ciberataque, una infracción en protección de datos… Siempre hay un escenario en el que se subraya aquello que parece negativo. Sin embargo, la transformación digital incorpora un conjunto de oportunidades particularmente significativas”. Ricard Martínez proporciona varios ejemplos, como el del sector de la salud y las vacunas, que tan presente tenemos estos días. No podríamos tener vacunas basadas en el ARN si no tuviéramos la capacidad de computación que nos permite hacer cálculos complejos en un breve espacio de tiempo, recuerda.
Lo mismo, asegura, aplica a la automatización de los puestos de trabajo. “Sí, va a suponer la pérdida de puestos de trabajo, pero también la reducción de puestos repetitivos o peligrosos. Si estos últimos puede hacerlos una máquina, mejor. Y no tienes por qué echar a nadie a la calle. Si en una administración integras un bot que puede ayudar a la gente con información sintética sobre trámites ordinarios, lo que haces es liberar recursos para desempeñar otras tareas y ser más eficientes en la gestión”.
Mi planteamiento personal siempre ha sido qué podemos aportar para que la carta sea una oportunidad y no solo un documento limitativo
Se trata de usar esta Carta para impulsar una transformación digital que es inevitable pero que puede funcionar en positivo para las personas y para el conjunto de la sociedad: “Nuestro país está ahora en una frontera en la que la apuesta por lo digital todavía puede ser una apuesta de liderazgo y con un contenido social y de crecimiento para el conjunto de la sociedad. Y no tiene por qué generar un conflicto entre empresa y administración o entre empresa y sociedad; podemos hacer que sea integrador. Yo lo veo así, soy un optimista convencido”.
A favor de una total inclusión digital
El borrador de la Carta de Derechos Digitales comienza reconociendo que todos los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución u otras cartas de derechos fundamentales están garantizados en el entorno digital y que todas las personas poseen idénticos derechos en ese contexto.
Desde ahí, comienza a desgranar aspectos como el derecho a la identidad digital, el pseudonimato, la seguridad o la herencia digital, el derecho a la neutralidad de internet, a un desarrollo tecnológico y un entorno digital sostenible o a la protección de la salud, e incluso los derechos ante la inteligencia artificial. Sin embargo, si hay un mensaje vertebrador de este documento es la necesidad de garantizar que nadie (ni mayores, ni niños, ni las mujeres, ni las personas con discapacidad, ni las familias con menos recursos o que viven en áreas rurales) quede excluido de la transformación digital y, por tanto, de la economía y la sociedad digitalizadas hacia las que avanzamos. Y, para conseguirlo, defiende Martínez, hay que defender firmemente la capacitación digital de la población.
El derecho a la educación digital
Ricard Martínez
La Carta de Derechos Digitales incluye todo un apartado dedicado a una educación que debe prepararnos para afrontar los retos del nuevo entorno digital. Se refiere, por ello, tanto a conocimientos como competencias básicas que debe poseer toda la población. “Una de las cosas que hemos podido apreciar es que algunas herramientas estratégicas como, por ejemplo, el pensamiento computacional, no están siendo lo suficientemente reforzadas en la educación obligatoria”, explica el experto. “Los propios maestros y profesores tienen carencias en competencias digitales. Y no consiste en saber usar un navegador muy bien, sino en tener una formación científico-tecnológica, que permita entender cómo funciona la tecnología, una formación ética y humanística, que permita entender qué valores transmitir, y, después, ciertas capacidades específicas”.
La Carta aborda, por tanto, la educación en un sentido muy amplio, que va desde las aulas hasta la actualización continua de los trabajadores durante su vida laboral. Como explica el profesor valenciano, no se trata solo de formar a científicos de datos exclusivamente, sino de ser capaces de tener médicos orientados a lo digital o juristas que entiendan de legal tech: “¿Y la gente que ya está en el mercado de trabajo necesitada de formación continuada? ¿Y las empresas que acometen un proceso de transformación digital? ¿Bajo qué condiciones deben continuar en ese proceso formativo los trabajadores cuyas profesiones están sujetas a procesos de cambio profundo?”.
Los derechos del entorno laboral y empresarial
Si bien la administración juega un papel clave en ese proceso de transformación digital de nuestra sociedad, como garante y promotor de la misma, la Carta de Derechos Digitales tampoco se olvida de las empresas. Por un lado, porque muchos de los aspectos que se abordan a lo largo de todo el texto impactan directamente sobre la actividad de las compañías españolas (como pueden ser los datos o la inteligencia artificial), pero también porque les reserva un apartado propio, el de Derechos del Entorno Laboral y Empresarial (art. 17 y 18).
En este sentido, Ricard Martínez recuerda que la Carta de Derechos Digitales aborda algunos aspectos que ya reconoce el derecho vigente, como que la empresa es un garante de derechos en relación con sus trabajadores y que, por tanto, cualquier proceso de cambio en el que se involucre tendrá que llevarse a cabo respetando esos derechos. El documento se refiere, así, a la existencia del derecho a la desconexión digital, a los procesos de monitorización de desempeño o de vigilancia e incluso a la necesidad de garantizar las condiciones apropiadas para el teletrabajo. “Ya está sucediendo que tengamos videocámaras por seguridad o prevención de riesgos en nuestros puestos de trabajo, y ya se nos ha dicho cuál es la importancia que tiene acotar su uso y garantizar la privacidad de los trabajadores. Lo mismo ha ocurrido con la geolocalización. ¿Está prohibido geolocalizar trabajadores? Pues depende. En principio, no. Si tengo una flota de camiones, lo razonable es que sepa donde están mis camiones. Lo que no es lógico es que geolocalice a mis trabajadores después del turno de trabajo cuando se están tomando una cerveza. La carta recuerda que hay límites que razonablemente hay que establecer”.
La aportación a la consulta pública es un compromiso con la cocreación de un documento que puede ser un documento de Estado
Para el profesor de la Universitat de València, la visión de la empresa desde la Carta es una visión compleja. Los expertos que han participado en la elaboración de este documento, comenta, han intentado huir de la presentación de la empresa como un elemento negativo o a restringir. Por el contrario, han querido también llamar la atención sobre el hecho de que una parte de la transformación digital de nuestro país va a afectar y depender de todas las empresas, incluidas las pymes. Por eso, en el artículo 18, apuestan por reconocer de forma explícita la libertad de empresa en los entornos digitales, la obligación de los poderes públicos de promover el emprendimiento digital y la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación destinados a acelerar la digitalización de las compañías españolas e incluso la creación de espacios de pruebas y experimentación para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos basados en la tecnología (los conocidos como sandboxes).
10 días más para contribuir a la Carta de Derechos Digitales
Con todo y a pesar de los esfuerzos de este grupo de expertos por recoger las inquietudes de administraciones, empresas y ciudadanía, el profesor Ricard Martínez es humilde al referirse al resultado y ni cree ni desea que el documento que hoy está abierto a consulta pública sirva como versión final. Por el contrario, reivindica una lectura reposada, que permita obtener aprendizajes y propuestas de aplicación inmediata en el seno de las organizaciones, y, por supuesto, la participación de entidades públicas y privadas y el conjunto de la ciudadanía.
“La cocreación mejora las cosas”, defiende. “¿Por qué presuponer que Ricard Martínez o cualquiera de los otros expertos que han participado en la carta van a acertar al 100% y no van a cometer ningún error? No lo sabemos… Pero, además, cada uno tiene sus intereses y es muy legítimo defenderlos en una consulta pública. Este puede ser un documento de estado, de país, y estamos en una situación de crisis gravísima en la que necesitamos una comunidad resiliente que apueste por cocrear. Yo al menos eso espero: que cuando vea las aportaciones me dé algún sudor frío”.
La consulta pública finaliza el próximo 20 de diciembre.