En 2023, las ciudades de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares –junto a localidades con episodios de alta contaminación que superen los 20.000 habitantes– deberán contar, obligatoriamente, con zonas de bajas emisiones. Esto supone que, a partir del 1 de enero, más de un centenar de municipios españoles habrán aplicado esta medida.
Con este fin, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha lanzado la segunda convocatoria de ayudas a municipios para descarbonizar y digitalizar la movilidad con 500 millones de euros de los fondos europeos completando así el presupuesto de 1.500 millones de euros previstos para esta línea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El plazo finaliza el 29 de septiembre y el objetivo es contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido mediante el impulso de zonas de bajas emisiones (ZBE) y la transformación sostenible y digital del transporte urbano, a través del impulso de la movilidad compartida, entre otras acciones. Según el Observatorio de Sostenibilidad que mide la calidad del aire, Leganés, Mollet del Vallès, Coslada, Madrid, Terrassa, Getafe, Granollers, Granada, Alcalá de Henares y Barcelona, encabezaron el ranking de ciudades con mayor contaminación en 2021.
La delimitación de ZBE se enmarca en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuyo objetivo es asegurar la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en España antes del año 2050. Sin embargo, ya llegamos tarde al desafío climático en el frente de la movilidad y, por ende, a las consecuencias del cambio climático.
Así lo señalan desde Smart Mobility, el colectivo de empresas de movilidad compartida e inteligente integrado en Adigital, quienes afirman que los núcleos urbanos abusan del uso del coche privado provocando un impacto negativo no solo en el medioambiente, sino también en la salud y calidad de vida de las personas. En 2021 las emisiones de C02 repuntaron un 7,4%, en comparación con 2020.
La transformación del ecosistema de la movilidad en España se está impulsando con el Fondo de Recuperación Europeo que otorgará cerca de 72.000 millones de euros en el periodo 2021-2023. En este contexto, los modelos de movilidad como servicio, basados en plataformas, como la movilidad compartida o sharing, se erigen como una solución de transporte más sostenible para los desplazamientos urbanos, eliminando la necesidad del ciudadano de comprar un vehículo propio.
Propuestas para hace frente a la Ley de Cambio Climático
“En Smart Mobility hemos identificado una serie de iniciativas –alineadas con los objetivos generales y ejes del Plan de Recuperación– que consideramos se deberían promover a través del compromiso de administraciones públicas y la colaboración público-privada para avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad más sostenible, más eficiente e inteligente”, apunta César Tello, portavoz de Smart Mobility y director general de Adigital.
- Regulación homogénea para los nuevos modelos de negocio
La gran variabilidad regulatoria entre los distintos municipios supone una fragmentación importante en la operativa y dificulta el desarrollo de modelos de negocio de movilidad sostenible. En esta línea, es importante reflejar unos principios de buena regulación municipal de la movilidad compartida sostenible en una Ordenanza Tipo que sirva como referencia y punto de partida para los ayuntamientos. Esta ordenanza podría contener criterios precisos y estrictos que deberán cumplir los operadores, como compromisos sociales y medioambientales, un desarrollo territorial más armonioso, una oferta global más amplia, un aparcamiento más controlado, velocidades limitadas, etc.
- Carriles habilitados por todo el territorio
Con el objetivo de fomentar el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), resulta necesario establecer carriles en las principales arterias de la ciudad que estén conectados entre sí, de tal modo que formen una red consistente y capilar por todo el territorio. De lo contrario, podrían crearse “islas de circulación”, donde al usuario de bicicleta o VMP no le resulte posible desplazarse libremente por medio de estos carriles.
- Dotar a las ciudades de una red consistente de puntos de aparcamiento
La creación de estacionamientos para motos, bicicletas, patinetes y otros vehículos de movilidad compartida fomenta el uso de estos vehículos sostenibles y la movilidad multimodal en las ciudades.
A la hora de diseñar estos espacios, una opción recomendable es convertir plazas de aparcamientos para automóviles privados en aparcamientos multimodales. El objetivo último es transformar la geografía urbana, tradicionalmente dominada por el coche privado contaminante, en un espacio de convivencia cívico.
Con todo, “se están dando pasos en la dirección adecuada, como la Ley de Cambio Climático y la futura Ley de Movilidad Sostenible. Sin embargo, es cierto que la velocidad a la que nuestra sociedad cambia en estos momentos hace necesaria una actuación más rápida y eficaz, especialmente en el ámbito local. En ocasiones, una regulación no adecuada o la falta de ella, puede imponer barreras a las nuevas formas de movilidad”, señala Tello, de Smart Mobility.