Con la sostenibilidad ganando un protagonismo cada vez mayor en nuestra sociedad, la UE trabaja para establecer nuevos requisitos y obligaciones legales que las empresas deberán cumplir cuando informen sobre su gestión de la misma ante los poderes públicos y sus stakeholders. Los analizamos en el tercer webinar del ciclo «Digital&Sostenible», con Alberto Muelas, director de Sostenibilidad y Reputación de Kreab España.
Desde hace ya algunos años, se ha ido imponiendo la elaboración de sistemas de reporte con el objetivo de informar sobre la gestión de la sostenibilidad en las compañías. Los estándares desarrollados para este tipo de informes han ido evolucionando durante el tiempo, dando cada vez más importancia a la manera en que las compañías generan valor e introduciendo propuestas cada vez más disruptivas. Las revisiones de estándares desarrolladas por el Foro Económico Mundial o el GRI, la Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative, son un claro ejemplo de ello, así como la Directiva de Información No Financiera de la Comisión Europea.
En lo que se refiere a esta última, Europa quiere impulsar un estándar propio, basado en normas comunitarias y alineado con otros estándares de reconocido prestigio internacional para no crear cargas burocráticas excesivas e innecesarias.
La importancia de estos reportes va en aumento. De hecho, la CNMV los considera una obligación para las compañías bien gestionadas, ya que el regulador considera la transparencia un elemento necesario en la buena gestión de una compañía, que facilita que sus grupos de interés sean capaces de juzgar y tomar mejores decisiones al contar con más información. Es más, cabe recordar que el reporte es, ante todo, un instrumento de comunicación que tiene que concentrarse en aquellos contenidos que los grupos de interés de una compañía necesitan y demandan saber.
Nuevas obligaciones legales
Desde la Comisión Europea se está trabajando en un paquete de medidas (Sustainable Finance Package) que dará lugar a nuevos requisitos y obligaciones legales para empresas en lo relativo a la gestión de la sostenibilidad. Ese paquete incluye la nueva Directiva de Información no financiera y la nueva taxonomía de la UE.
La taxonomía, tal y como es definida por la propia Comisión, es una herramienta de transparencia que introduce criterios de desempeño claros para determinar qué actividades económicas contribuyen de manera sustancial a los objetivos del Pacto Verde. En 2022, en muchos casos, ya se deberá reportar la información requerida por la taxonomía de la UE y, en 2023, las compañías deberán adaptarse al nuevo estándar de reporte europeo, incorporando además información cuantitativa del grado de alineamiento con la taxonomía. Todo esto, sin embargo, no será aplicable a micropymes.
Por su parte, la nueva Directiva de Información No Financiera, ahora denominada Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad, será un elemento clave en los próximos años. Como novedad, las autoridades comunitarias quieren que los Estados Miembros establezcan regímenes sancionadores para aquellas compañías que no cumplan con lo dispuesto en esta norma. Será, por lo tanto, la primera vez que el no cumplimiento en temas de reporte de sostenibilidad tendrá consecuencias para las empresas. Por otro lado, aunque todavía no se conocen los nuevos estándares europeos con total seguridad, se espera que se alineen con los objetivos de la taxonomía de la UE.
Con respecto a la directiva, se destacan algunos elementos importantes que marcan un hito con respecto a normativa anterior, particularmente cuestiones de “debida diligencia” o intangibles (cada vez más, los intereses de los grupos de interés deberán incorporarse a los órganos de gobierno de las empresas). Del mismo modo, conviene recordar que el Acto Delegado de la Taxonomía Europea será una herramienta fundamental en el impulso de la sostenibilidad y tendrá importantes implicaciones en el futuro.
El 31 de octubre de 2022, la Comisión anunciará los nuevos estándares de reportes de sostenibilidad y el 1 de diciembre del mismo año expirará el plazo máximo de transposición de la nueva directiva. A partir de entonces, las empresas deberán adaptarse a la nueva regulación, que obligará a un énfasis reforzado en la gestión de la sostenibilidad.