Autores: César Tello, director general de Adigital, Cecilia Bonefeld-Dahl, directora general de DIGITALEUROPE y Celestino García, director general de AMETIC.
Europa ha pasado los últimos cinco años elaborando normas digitales. El próximo reto es garantizar que sean eficaces.
A medida que Europa pasa de la regulación a la competitividad, el Ómnibus digital de la Comisión Europea sobre datos y ciberseguridad se convierte en otra gran prueba de su agenda de simplificación. La cuestión ya no es si Europa necesita normas sobre datos, ciberseguridad y tecnologías digitales, sino si esas normas ayudan a las empresas a innovar, invertir y crecer, o si las obligaciones superpuestas las están frenando. Como muchas compañías han experimentado, la simplificación debe traducirse en reducciones tangibles de la carga de cumplimiento, y no en la introducción de nuevas capas regulatorias.
Lo que está en juego es elevado. Mario Draghi estima que Europa necesita hasta 800.000 millones de euros adicionales de inversión anual para seguir siendo competitiva a nivel global. En un contexto de incertidumbre geopolítica, aumento de los costes de cumplimiento y fuerte competencia internacional, cualquier carga administrativa innecesaria importa.
Para España, este debate es especialmente relevante.
El informe de Economía Digital de Adigital muestra que el 27 % del PIB de España ya es digital, lo que refleja hasta qué punto la economía española depende de su capacidad de innovación y de escalado. El Barómetro de la Economía Digital de AMETIC destaca que el sector crece un 5,6 %, alcanzando una facturación de 138.200 millones de euros. Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran el peso creciente de los sectores intensivos en digitalización, como el de la información y las comunicaciones, con un aumento del 10 % de su facturación hasta los 136.700 millones de euros. Asimismo, el marco de la Década Digital y los indicadores nacionales confirman que la digitalización se está convirtiendo en un motor estructural de productividad, competitividad y crecimiento en toda la economía. España destaca además por superar la media de la UE con una cobertura del 95 % de fibra hasta el hogar (FTTP) y por acelerar la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. Para que esta contribución siga creciendo, es fundamental avanzar hacia marcos regulatorios más simples, coherentes y adaptados a la realidad digital, y que se conecten con proyectos estratégicos y políticas públicas más amplias.
Al mismo tiempo, las empresas constatan cómo los datos se han convertido en un activo estratégico para los sectores industriales y tecnológicos españoles. Desde la fabricación avanzada y los productos conectados hasta las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales, las empresas dependen cada vez más de los datos para mejorar la productividad, la sostenibilidad y la competitividad.
Un entorno regulatorio más claro y eficiente ayudará a liberar el potencial del ecosistema digital y a acelerar su contribución al crecimiento económico.
La Ley de Datos (Data Act) aspiraba a impulsar la innovación a través de la obligación de compartir datos. La realidad dista mucho de esa aspiración: los principales fabricantes europeos afirman que tendría el efecto contrario, al obligarles a compartir información comercialmente sensible y secretos empresariales bajo un marco uniforme. Esto podría hacerles perder inversiones en I+D frente a sus competidores, obligarles a renegociar miles de contratos y aumentar el riesgo de litigios.
Para evitarlo, los titulares de los datos deberían poder oponerse a su compartición cuando existan riesgos para los secretos comerciales, la seguridad o la protección, permitiendo al mismo tiempo que la parte solicitante pueda impugnar dichas negativas. El intercambio de datos entre empresas (B2B) debería ser voluntario por defecto, en línea con la libertad contractual, y la Comisión debería estar facultada para reconocer códigos de conducta sectoriales allí donde exista realmente una carencia de mercado. Cualquier posible transición hacia estándares obligatorios debería basarse en pruebas claras, una evaluación de impacto sólida y un amplio proceso de consulta sectorial.
Las empresas que invierten en productos conectados, servicios digitales e innovación basada en datos necesitan una seguridad jurídica sólida que garantice la protección de su know-how. Un enfoque más equilibrado debería fomentar mecanismos de compartición voluntaria y específicos por sectores, al tiempo que protege la innovación y la competitividad. Europa necesita un marco de datos único y coherente, en el que la Ley de Datos actúe como paraguas general que integre de forma fluida las obligaciones del Reglamento de Gobernanza de Datos y de la Directiva de Datos Abiertos, eliminando duplicidades regulatorias e incertidumbre jurídica.
La ciberseguridad es otro ámbito en el que Europa puede simplificar sin reducir los estándares.
Hoy en día, un solo incidente de ciberseguridad puede desencadenar múltiples obligaciones de notificación bajo diferentes normativas de la UE, a menudo con distintos formatos, plazos y autoridades. Esto genera una carga administrativa excesiva en el momento en que las empresas deberían centrarse en responder a las amenazas.
Un punto de entrada único europeo para la notificación de incidentes, con procedimientos, definiciones y plazos armonizados, mejoraría la eficiencia tanto para las empresas como para las autoridades. Para ser eficaz, debería evitar la creación de capas adicionales de reporte, garantizando al mismo tiempo las salvaguardas adecuadas en materia de gobernanza y riesgos de ciberseguridad.
El Ómnibus digital es, por tanto, mucho más que un ejercicio regulatorio. Es una oportunidad para hacer que el marco normativo digital europeo sea más simple, coherente y favorable a la inversión.
Para DIGITALEUROPE, Adigital y AMETIC, el objetivo es el mismo: preservar los altos estándares de Europa al tiempo que se crean las condiciones para que empresas de todos los tamaños innoven, compitan, escalen y generen ecosistemas más amplios.
Si Europa quiere liderar la economía digital, debe garantizar que sus normas funcionen conjuntamente con la misma eficacia que las tecnologías que pretenden regular. Para la creciente economía digital española, esto no es solo un debate regulatorio, sino una cuestión clave de competitividad.
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