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Smart Mobility pide al Ayto. de Barcelona un marco regulatorio que permita operar a las empresas de patinetes eléctricos compartidos
11 diciembre, 2020

Smart Mobility, el colectivo de empresas de movilidad compartida e inteligente integrado en Adigital, solicita al Ayuntamiento de Barcelona crear un marco regulatorio que permita a las empresas de patinetes eléctricos compartidos operar en la ciudad a partir del primer trimestre de 2021. Esta demanda llega justo un año y medio después de que el consistorio se reuniera con las empresas del sector para iniciar los trabajos de cara a una futura regulación.

El colectivo advierte de que esta demora está privando a los barceloneses del acceso a un sistema de movilidad que no solo es respetuoso con el medio ambiente, sino que, además, es especialmente adecuado para garantizar la tan necesaria distancia física, debido a su uso unipersonal y al aire libre.

Es por ello que Smart Mobility llama la atención sobre la necesidad de que el Ayuntamiento actualice la Ordenanza de Circulación y establezca un marco temporal claro para la convocatoria del proceso de licitación pública para que las empresas de patinetes eléctricos compartidos puedan obtener las licencias reglamentarias y puedan ofrecer sus servicios en la ciudad. De hecho, cabe recordar que recientemente se ha aprobado una norma de referencia a nivel nacional (el Real Decreto 970/2020, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación) que clarifica las normas de circulación para patinetes eléctricos, completando el marco regulatorio nacional.

El Ayuntamiento de Barcelona fue pionero en España en la regulación de los vehículos de movilidad personal en el año 2017 antes de la irrupción del modelo sharing, ordenando la demanda creciente de vehículos para uso turístico y limitando su explotación económica a actividades de turismo con guía. Sin embargo, la realidad del año 2020 es completamente distinta e incide en la creciente demanda, por parte de la ciudadanía, de medios de transporte compartidos. Esto requiere, a juicio de Smart Mobility, que las Administraciones Públicas faciliten el acceso a estos servicios y que los doten de un marco jurídico estable, especialmente en el marco de las emergencias climática y sanitaria que afectan a nuestro país.

Con este fin, las empresas que integran Smart Mobility reiteran su voluntad de colaboración con las instituciones públicas, y se ponen a su disposición para seguir trabajando en un modelo de ciudad saludable y ecológicamente sostenible, en línea con los propios objetivos del Ayuntamiento.

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