La digitalización de la economía requiere cambios en su fiscalidad para garantizar la equidad y la eficiencia la recaudación de los estados en un contexto de globalización de la economía. Es por ello que, tanto en el seno de la OCDE como de la UE, se ha abierto un amplio debate gravar determinados servicios digitales. Aunque estas conversaciones están en un estado muy incipiente todavía, España ha dado un paso al frente con un Proyecto de Ley por el que se establece el impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) que tiene unas implicaciones económicas importantes para el conjunto del tejido empresarial y los consumidores españoles.

En particular:

  • Las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 millones y 562 millones de euros.
  • Este efecto en el beneficio de las empresas españolas tendrá una repercusión económica negativa de hasta 662 millones de euros sobre el PIB nacional.
  • El impuesto tendrá también un impacto negativo sobre el bienestar de los consumidores españoles valorado en hasta 665 millones de euros.

El estudio ‘Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales de la economía española’, elaborado por PwC a petición de AMETIC y Adigital, arroja luz sobre estas cuestiones deteniéndose no solo en los efectos económicos de una tasa digital a corto y largo plazo, sino también en la importancia de los servicios digitales para pymes y consumidores.

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